Columna

Tres historias: maestros, G-20 y Pemex

Por Jorge Fernández Meléndez

• A una reforma que va en línea con sus demandas se sumará un incremento salarial por encima de la media. El interlocutor real del gobierno federal no es la Coordinadora, sino el SNTE, que sale fortalecido.

Maestros

La reforma educativa aprobada la semana pasada es un triunfo para el gobierno federal (que logró una norma que dejó, para bien, mucho más que una coma de la legislación educativa anterior) y, sobre todo, para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En última instancia se logró lo que querían funcionarios y la mayoría de los maestros: conservar el control gubernamental de plazas al mismo tiempo que el sindicato obtenía, en los hechos, el fin de la evaluación educativa, pese a que 500 mil maestros ya habían realizado voluntariamente esos exámenes.

Hace ya muchas semanas, cuando comenzó el debate sobre la reforma, aquí dijimos que el punto no negociable para el gobierno era el de las plazas. El Sindicato había aceptado de entrada esa limitante, pero la Coordinadora quería recuperar una prerrogativa que era su principal fuente de poder. La reforma aprobada deja poco margen para que en las leyes secundarias se pueda regresar a los esquemas del pasado. En cambio, sí se concedió (y ése era el principal punto del SNTE) el fin de la evaluación: desapareció el órgano autónomo, el INEE, y se reemplaza por uno gubernamental. La evaluación en sí misma deja de ser determinante para los avances en la carrera magisterial. En la reforma se habla de preparación y formación de maestros, pero no de evaluación. Salvo que en las leyes secundarias se modifiquen las cosas, algo improbable, estaremos exactamente en el punto de divergencia que tuvo el gobierno de Peña Nieto con el SNTE: cambiar la evaluación obligatoria por una preparación magisterial de carácter mucho más voluntario.

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