Columna

Solitario en Palacio y Ayotzinapa

Por Jorge Fernández Menéndez

Como en su Informe, el Presidente nuevamente estuvo solo. Recorre los pasillos de Palacio Nacional, cruza los vacíos salones que lo llevan hasta un balcón que comparte con su esposa Beatriz. Da un grito con una larga arenga, veinte menciones y se queda largos minutos para escuchar la banda musical que ocupa muchos metros en la explanada en torno al balcón presidencial y para ver los fuegos artificiales, pero luego, más tiempo aún, para escuchar los gritos de apoyo: no estás solo, le gritan al hombre que sólo los escucha en el solitario balcón.

La soledad del Presidente es un símbolo. Tradicionalmente, en el Grito se congregaba en los pasillos y balcones a buena parte de la clase política, empresarial, a los otros Poderes de la Unión, invitados especiales que iban del deporte a la cultura. Ahora todo está vacío: los invitados este año están abajo celebrando en el patio central de Palacio.
En los pisos superiores, el Presidente no tiene compañía: el Estado es el Presidente y el Presidente es el Estado. Ese es el símbolo, el mensaje. No hay intermediarios. Son el líder y la gente. Nadie más.

La liberación de otros 24 detenidos del caso Ayotzinapa es, como dijo Alejandro Encinas, “una afrenta a la sociedad”. Es verdad, pero hay que recordar que esa afrenta surgió de una resolución judicial de un tribunal de Tamaulipas, impulsada por un amparo respaldado por el propio Encinas y organizaciones cercanas a los padres, incluyendo a quienes integraron al revivido GIEI, para que se reabriera la investigación y se creara una comisión independiente, bajo el supuesto de que se habían cometido irregularidades y torturas contra los detenidos, mismas que el juzgador nunca pudo comprobar, pero que dio por buenas, basado en las denuncias de los propios impulsores de esa decisión judicial.

El 14 de septiembre pasado, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado que da a conocer algunos puntos muy interesantes sobre el caso. Dice la FGR que la sentencia aprobada el 31 de mayo del 2018 implicaba reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones.

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