Columna

La traición a Baja California

Por Julián Andrade

La decisión del Congreso Legislativo de Baja California de extender el periodo de gobierno de dos a cinco años, es uno de los ataques más burdos y groseros a la democracia en nuestro país.

Es un mal augurio, porque denota que el control opositor es frágil, cuando son fuertes los intereses que están en juego. En efecto, el próximo gobernador, el morenista Jaime Bonilla, no cuenta con una mayoría de diputados e inclusive el PAN es la fuerza mayoritaria.
Logró la reforma, porque los políticos locales ya no responden a las directrices de sus partidos y más bien abrevan en la 4T. Los panistas, acompañados de priistas, perredistas y representantes de Morena, juntaron los votos necesarios para modificar la Constitución del estado.
Jaime Martínez Veloz, quien contendió como abanderado del PRD, recordó que en junio se denunció que estaban ofreciendo un millón de dólares por diputado para aprobar la reforma. Haya ocurrido o no el soborno, es evidente que el ambiente luce ensombrecido y hasta putrefacto.
Óscar Vega Marín, el abanderado del PAN, dijo, sin matices, que lo ocurrido es “una traición a Baja California” y pidió la expulsión de los 10 diputados de su partido.
En todo caso es fraude a la ciudadanía, porque el voto se emitió para una temporalidad específica y esta no pude ser cambiada. Aceptarlo sería como ir a oscuras en cualquier proceso electoral y en donde las reglas del juego pueden ser cambiadas de manera retroactiva.
Pero el fondo es más grave, porque implica el borrar las barreras constitucionales y el dar paso a experimentos que en otro contexto político serían imposibles.
Detrás de esta intentona, se esconde la intención de prolongar mandatos con argucias legislativas e inclusive rompiendo la voluntad ciudadana o vulnerándola.
El pretexto, ahora muy socorrido, es ahorrar recursos. En teoría, la ampliación del periodo de gobierno sería en benefici del estado y sus finanzas, porque se evitaría acudir a las urnas 20 meses después de la toma de posesión de Bonilla que será el 1 de noviembre de este año.
El gobernador Francisco Vega anunció que vetará la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado, aunque esto sólo es un paliativo, ya que luego de 10 días los diputados pueden ordenar su publicación y más cuando ya se cuenta con la mayoría de cabildos a favor de lo aprobado.
Desde la Ciudad de México, las dirigencias del PAN y del PRI ya anunciaron que impugnarán la resolución y pueden llevar el caso ante la Suprema Corte.
Los recursos van a funcionar, pero queda en la agenda la operación para saltarse la ley modificándola. Eso es lo que es grave, porque indica una forma de hacer las cosas que, al parecer, llegó para quedarse.
•Twitter: @jandradej