Columna

Adiós a las “incubadoras” de candidatos a gobernador

Ya era hora de que alguien protestara por ese bodrio —aprobado por Morena y sus aliados— que es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Un total de 55 senadores del PAN, PRI, PRD y MC presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad en contra de ese decreto que, dicen, pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial.

La citada ley gira alrededor de la popular premisa de que nadie puede ganar más que los 108 mil pesos que AMLO se fijó unilateralmente como salario.

La acción de inconstitucionalidad de la oposición se agrega a los amparos que interpusieron más de 2 mil empleados del Poder Judicial, entre ellos 600 magistrados, para impugnar esta reforma del gobierno de López Obrador.

Es cierto que responde a un insistente reclamo de la sociedad mexicana, que en las urnas pidió acabar con excesos, privilegios y abusos en el uso de los recursos públicos. Hasta allí todo bien.

La bronca está en que es falso que únicamente afecte a la “burocracia dorada”. Le ha pegado a los derechos laborales de los trabajadores; acabó de golpe con la “meritocracia” en el sector público, precipitó jubilaciones adelantadas; obligó a los mejores a buscar trabajo en la iniciativa privada.

Pero también dejó a muchos embarcados con hipotecas, créditos, colegiaturas que contrataron con un salario determinado. Jamás imaginaron que llegaría la “austeridad republicana” a sus bolsillos.

Seguir leyendo…