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Señalan corrupción en el Colegio Rébsamen

La negligencia de las autoridades, falta de supervisión, acciones y omisiones relacionadas con la seguridad estructural de un plantel educativo que colapsó como consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, privando de la vida a 26 personas y 23 personas más lesionadas, entre ellas niñas, niños y adolescentes y personal que allí laboraba, tuvo como consecuencia la afectación a los derechos humanos a la vida, integridad, legalidad

Redacción // Foto: El Economista

La negligencia de las autoridades, falta de supervisión, acciones y omisiones relacionadas con la seguridad estructural de un plantel educativo que colapsó como consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, privando de la vida a 26 personas y 23 personas más lesionadas, entre ellas niñas, niños y adolescentes y personal que allí laboraba, tuvo como consecuencia la afectación a los derechos humanos a la vida, integridad, legalidad y seguridad de las personas, que afectaron a las víctimas directas e indirectas y trastocaron la confianza y expectativa legítima de salvaguarda y protección de los derechos humanos que la sociedad ha depositado en las autoridades públicas, fue el origen para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la Recomendación 31VG/2019, dirigida al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Alcaldesa de la Demarcación Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana.

Tras su investigación, este Organismo Constitucional Autónomo determinó la existencia de violaciones a los derechos humanos al principio del interés superior de la niñez, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, a la vida y a la verdad, en agravio de alumnado, personal docente, civiles que se encontraban en ese lugar y familiares de las víctimas, al momento del sismo del 19 de septiembre de 2017, por irregularidades en las autorizaciones para funcionar como escuela, construcción de la misma e irregularidades en la supervisión y verificación en materia de construcciones y protección civil, así como por las acciones y omisiones posteriores, consistentes en la falta de coordinación entre autoridades en las labores de búsqueda y rescate y la deficiente comunicación a los familiares de las víctimas y público en general.

Esta Comisión Nacional identificó diversos indicios que deberán ser investigados como actos de corrupción, tales como los diversos correos electrónicos respecto de los avances y autorizaciones que la demarcación territorial concedía al colegio para la realización y continuación de las obras en un cuarto piso; anomalías en la autorización de la SEP para que impartiera los niveles de preescolar, primaria y secundaria sin cubrir con la totalidad de los requisitos como el uso de suelo; inconsistencias de los programas de Protección Civil para la escuela primaria y la escuela secundaria, ya que no contaba con Programa Interno de Protección Civil desde que inició su funcionamiento, información y evidencias que acreditan la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos por actos y omisiones por personal de la SEP, del Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la SEDUVI y la Secretaría de Protección Civil y de la entonces Delegación Tlalpan, a través de la Dirección de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias y la Jefatura de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción, de la demarcación territorial Tlalpan, quienes incumplieron obligaciones legales.

Para la CNDH, en las investigaciones penales y administrativas se debe considerar toda la cadena de mando dentro de la demarcación territorial Tlalpan en las diferentes fechas que se identificaron en la presente Recomendación, a efecto de identificar a los mandos y personas servidoras públicas, que fungían como responsables en las áreas encargadas de los trámites en las que hubo gestiones, autorizaciones, omisiones y visitas de inspección respecto al citado Colegio, y se investiguen sus posibles responsabilidades.

De esa manera se llegará al fondo, en su caso, en la determinación de actos de corrupción y se combatirá la impunidad. En tanto que las responsabilidades por acciones y omisiones dirigidas a la SEP, fue por las expediciones de Acuerdos de Autorización para impartir educación de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, así como el personal que realizó las visitas de verificación y no dio aviso a su superior jerárquico que en ese plantel se encontraba una construcción utilizada como vivienda en un cuarto piso y que se estaba impartiendo educación de otros niveles sin que al momento de la visita contara con el respectivo Acuerdo de Autorización.

Por lo que hace a las responsabilidades atribuibles al Gobierno de la Ciudad de México, fue por la responsabilidad de la SEDUVI y Protección Civil, ya que la primera es la encargada de realizar las funciones de vigilancia y supervisión, así como acreditación y expedición de carnet de los Directores Responsables de Obra (DRO), quienes son auxiliares de la administración pública del Gobierno capitalino y emitieron, en su momento, las respectivas Constancias de Seguridad Estructural y los Vistos Buenos de Seguridad y Operación, siendo la SEDUVI la autoridad que debe responder por las acciones u omisiones de los DRO´s.

Por otra parte, a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México se le atribuyó por acciones y omisiones posteriores al sismo, la falta de coordinación e implementación de un protocolo para cumplir con los objetivos de salvaguardar la vida e integridad de la población y realizar de manera adecuada la búsqueda y rescate e información a los familiares de las víctimas y población general.

A la demarcación territorial Tlalpan se le atribuyó responsabilidad, a través de las Unidades de Desarrollo Urbano, Unidad de Protección Civil, Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias, Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción por las irregularidades en el uso de suelo y visitas de verificación de la construcción en materia de construcción y protección civil y carencia de un Programa Interno de Protección Civil, la omisión de clausura del Colegio, la falta de verificación y supervisión en las obras sin apego a las normas de construcción y el tolerar que se construyera un cuarto nivel en una zona que sólo estaba permitida para tres.

La CNDH analizó si con motivo de acciones u omisiones de particulares con anuencia o tolerancia de autoridades públicas se propiciaron condiciones físicas para que la intensidad del

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